El Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Economic Forum y el modelo desarrollado por el Banco Mundial para diagnosticar la posición de cada país en la economía del conocimiento (2004), así como el informe de la OECD (2003), coinciden en que el país presenta un Sistema Nacional de Innovación (SIN) subdesarrollado, insuficientemente preparado para hacer frente al desafío de crecer con equidad. Según el primero que citamos, Chile presenta un rendimiento inferior al esperado en todas las dimensiones asociadas a “capacidad innovativa”: proporción de exportaciones tecnológicas casi inexistente, un bajo grado de colaboración científica entre universidades y empresas, y un bajísimo esfuerzo en investigación y desarrollo, así como en obtención de patentes. Sin embargo, cabe señalar que según el mismo informe, el país presenta una posición destacada en los items de “infraestructura pro-innovación”, tales como cantidad de computadores conectados a Internet, nivel de avance de e-goverment, o inversión en telecomunicaciones, lo que indica –al contrario de un país en que no existe una base adecuada para desarrollar la innovación-, que en nuestro país existen las condiciones (al menos las materiales), pero que no se están aprovechando. Tenemos las uvas, pero no sabemos hacer vino. Esto es, atendamos de preferencia los procesos y fijémonos en las personas.
Ello en la línea de análisis que sustenta el estar pasando del marco conceptual “industrial” -es decir “material, cuantificable, cosista”-, al nuevo paradigma virtual de la sociedad del conocimiento, por cuanto el que no se estuviera haciendo lo necesario, no puede atribuirse a causas “físicas” de infraestructura o acceso a las tecnologías, sino más bien a otro tipo de causas, que tienen que ver con actitudes, hábitos mentales o ideológicos, distribución del ingreso...
La expansión de los derechos sociales de las personas, aplicada por el Gobierno en otras áreas, podría ser aquí una clave estratégica. Compartir información hace que las personas que componen un espacio laboral, participen en la toma de decisiones, se suavizan las tensiones y los conflictos, se hace más transparente e informada la toma de decisiones y se aumenta la productividad.
El contraste entre un sistema que involucra a los trabajadores con su lugar de trabajo y otro que no lo hace, conduce a dos tipos de relaciones industriales. Se considera que en una empresa tipo, en Japón, el 80% de sus trabajadores participa -de diferentes maneras- en la generación de la política de la empresas y que ello incide directamente en los altos niveles de innovación que tiene el país. Por cierto, la participación colaborativa en el diseño estratégico, no solo prepara a las personas en el cambio, que ellas mismas se sienten producir, sino que le da sustentabilidad al mismo una vez que este se implementa.
Los índices y datos “gruesos” de la economía, sin embargo, requieren también ser resignificados, en un contexto mas comprensivo, porque aunque explican grandemente, no remiten a los procesos y lamentablemente, nuestras políticas no los relacionan. En Chile, el 0.7% del PIB es destinado a actividades innovativas (última cifra para año 2002), mientras que en los países desarrollados se destina en promedio el 2.1%, y en los innovadores el 3.1%. Esta baja proporción del PIB destinada a la innovación en comparación con países de mayor desarrollo es aún menor, si se controla por características económicas y poblacionales. Además, parte importante del gasto en I+D es financiado por el sector público (0.5% del PIB).
Si bien el gasto en I+D es un indicador importante del esfuerzo innovador que realizan los países, quizás aún más importante es la forma en que ésta se financia. Los países más exitosos han logrado que las empresas ejecuten y financien cerca de un 60% del gasto en I+D. Una práctica fundamental ya que así tiende a asegurarse que la investigación sea productivamente pertinente y tenga efectos económicos reales en una economía de mercado. En Chile, esta proporción de gasto en I+D es cercana al 35% (desglosado en 28% empresas privadas y 7% empresas estatales), mientras que el 54% es financiado por el gobierno. El 11% restante es financiado por otros sectores.
Señalemos que entre los actores públicos más relevantes en el diseño de políticas están el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el primero orientado a la investigación básica, y el segundo al desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador. Otro actor importante es Mideplan, a cargo del Programa Milenium de becas de investigación. Sin embargo (otra vez la interoperabilidad...), no hay instancias formales de coordinación entre estas instituciones y líneas programáticas. Esta ausencia de coordinación se manifiesta también en la existencia de una serie de políticas diseñadas a nivel sectorial por los ministerios respectivos, por ejemplo en agricultura, salud, defensa y otros, así como por traslapes y duplicación de funciones.
Ello en la línea de análisis que sustenta el estar pasando del marco conceptual “industrial” -es decir “material, cuantificable, cosista”-, al nuevo paradigma virtual de la sociedad del conocimiento, por cuanto el que no se estuviera haciendo lo necesario, no puede atribuirse a causas “físicas” de infraestructura o acceso a las tecnologías, sino más bien a otro tipo de causas, que tienen que ver con actitudes, hábitos mentales o ideológicos, distribución del ingreso...
La expansión de los derechos sociales de las personas, aplicada por el Gobierno en otras áreas, podría ser aquí una clave estratégica. Compartir información hace que las personas que componen un espacio laboral, participen en la toma de decisiones, se suavizan las tensiones y los conflictos, se hace más transparente e informada la toma de decisiones y se aumenta la productividad.
El contraste entre un sistema que involucra a los trabajadores con su lugar de trabajo y otro que no lo hace, conduce a dos tipos de relaciones industriales. Se considera que en una empresa tipo, en Japón, el 80% de sus trabajadores participa -de diferentes maneras- en la generación de la política de la empresas y que ello incide directamente en los altos niveles de innovación que tiene el país. Por cierto, la participación colaborativa en el diseño estratégico, no solo prepara a las personas en el cambio, que ellas mismas se sienten producir, sino que le da sustentabilidad al mismo una vez que este se implementa.
Los índices y datos “gruesos” de la economía, sin embargo, requieren también ser resignificados, en un contexto mas comprensivo, porque aunque explican grandemente, no remiten a los procesos y lamentablemente, nuestras políticas no los relacionan. En Chile, el 0.7% del PIB es destinado a actividades innovativas (última cifra para año 2002), mientras que en los países desarrollados se destina en promedio el 2.1%, y en los innovadores el 3.1%. Esta baja proporción del PIB destinada a la innovación en comparación con países de mayor desarrollo es aún menor, si se controla por características económicas y poblacionales. Además, parte importante del gasto en I+D es financiado por el sector público (0.5% del PIB).
Si bien el gasto en I+D es un indicador importante del esfuerzo innovador que realizan los países, quizás aún más importante es la forma en que ésta se financia. Los países más exitosos han logrado que las empresas ejecuten y financien cerca de un 60% del gasto en I+D. Una práctica fundamental ya que así tiende a asegurarse que la investigación sea productivamente pertinente y tenga efectos económicos reales en una economía de mercado. En Chile, esta proporción de gasto en I+D es cercana al 35% (desglosado en 28% empresas privadas y 7% empresas estatales), mientras que el 54% es financiado por el gobierno. El 11% restante es financiado por otros sectores.
Señalemos que entre los actores públicos más relevantes en el diseño de políticas están el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el primero orientado a la investigación básica, y el segundo al desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador. Otro actor importante es Mideplan, a cargo del Programa Milenium de becas de investigación. Sin embargo (otra vez la interoperabilidad...), no hay instancias formales de coordinación entre estas instituciones y líneas programáticas. Esta ausencia de coordinación se manifiesta también en la existencia de una serie de políticas diseñadas a nivel sectorial por los ministerios respectivos, por ejemplo en agricultura, salud, defensa y otros, así como por traslapes y duplicación de funciones.
En este escenario, es fundamental evitar asociar innovación sólo con la generación o creación de nuevas tecnologías y realizar una decidida búsqueda de nuevas heramientas conceptuales en consonancia con los tiempos y sus desafíos. La comprensión de procesos y la resignificación de prácticas al interior de la organización, debe ser considerada como innovación, tanto como el adoptar y adaptar tecnologías externas, lo que es relevante por tener un costo significativamente menor. El triunfo de los sistemas no propietarios, así como la aplicación de las herramientas de libre acceso que caracterizan la Web Social, es en este ámbito de suma importancia y probablemente tuviere enorme impacto en un futuro cercano.
